Legales

Wikimedia Foundation, organización sin ánimo de lucro que gestiona la enciclopedia Wikipedia, ha demandado al Gobierno de los Estados Unidos y a su Agencia de Seguridad Nacional (NSA) por vigilar de manera «masiva» en Internet para acceder supuestamente a miles de documentos de ciudadanos dentro y fuera del país. La denuncia, apoyada por otras ocho organizaciones, fue presentada ante la Corte del Distrito de Maryland y está dirigida contra altos cargos del Gobierno estadounidense.

Además de Wikimedia, entre los demandantes se encuentran importantes organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). Los demandantes exigen al tribunal que considere «ilegal» la «vigilancia masiva» de la NSA sobre los estadounidenses y otros ciudadanos del mundo, e inste al Gobierno a eliminar de su base de datos todas las comunicaciones presuntamente interceptadas.

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La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) ha pedido «la intervención de las autoridades españolas y comunitarias» tras la confirmación, por parte de Google, de que cerrará su servicio de noticias Google News en nuestro país. Un cierre que se hará efectivo el próximo día 16 de diciembre. AEDE ha difundido un comunicado en el que muestran su preocupación por el cierre del servicio, ya que consideran que Google tiene «una posición dominante» en el mercado de Internet y de los medios.

Google es «la auténtica puerta de acceso a Internet», dicen desde esta asociación, que fue la instigadora del canon que ahora quiere implantarse. AEDE requiere así la intervención de las autoridades españolas y comunitarias «para proteger de manera eficaz los derechos de los ciudadanos y de las empresas».

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Google News, el agregador y buscador de noticias que rastrea información publicada por medios de comunicación ‘online’ de todo el mundo, ha anunciado el inminente cierre de sus servicios en el estado como respuesta a la nueva legislación, que les obliga a pagar por reproducir esta información, al margen de que los medios de comunicación quieran cobrar este servicio o no. Es decir, a partir del 16 de diciembre el servicio dejará de reseñar contenidos de medios españoles.

Esa parte de la reforma entra en vigor el próximo 1 de enero aunque de momento no se han especificado claramente ni la cuantía de los pagos ni a través de qué entidad de gestión habría que liquidarlos. La clave que esgrime Google para cerrar el servicio se encuentra en que la ‘Ley de Propiedad Intelectual’, establece el pago irrenunciable de un canon por parte de los agregadores de noticias a los editores de contenidos como compensación por el uso de los mismos. Es lo que se ha denominado ‘tasa Google’ o ‘canon AEDE’.

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El barco de The Pirate Bay ha sido detenido por una redada llevada a cabo por la policía sueca en Estocolmo en la que han sido confiscados servidores, ordenadores y otros equipos informáticos. El conocido directorio de torrents no ha caído solo y también se encuentran offline otros repositorios como EZTV o Torrage. Agentes de la policía y expertos forenses digitales, confiscaron varios servidores y computadoras, y podrían haber arrestado al menos a una persona relacionada con la web.

Esta no es la primera vez que The Pirate Bay sufre una redada, pero esta tiene lugar en una agitada semana en Europa en cuanto a temas relacionados con el intercambio de archivos. Hace pocos días la justicia francesa ordenó el bloqueo de The Pirate Bay a todas las operadoras del país, mientras que en nuestro país la policía ha detenido a los administradores de Series y Películas Pepito. Y como consecuencia, Series.ly anunciaba la retirada de enlaces.

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El juez del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha ordenado el cese de la actividad y la prohibición en todo el territorio nacional de la empresa Uber porque, dice, los conductores carecen de autorización administrativa para desarrollar su actividad y su labor implica «competencia desleal». De esta forma, el juez responde a la medida cautelar que solicitó la Asociación Madrileña del Taxi como paso previo a la denuncia contra la empresa.

En su resolución, el juez asegura que se trata de una decisión basada en la legalidad vigente, puesto que la Ley de Competencia Desleal señala que, cuando se infringen normas que son exigidas para actuar en un mercado, la infracción es en sí misma una acción desleal. Y justifica que la decisión se tome sobre todo el estado porque Uber tiene «vocación transfronteriza» y voluntad «de ocupar de manera secuencial el mercado de transporte de viajeros sin reunir de momento los requisitos administrativos exigidos».

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La web ‘series.ly’, que ofrece enlaces para descarga y streaming de series, películas, programas de televisión y documentales, ha anunciado que va a retirar los enlaces que pudieran infringir la ‘Ley Lassalle’ de propiedad intelectual, que en su mayor parte entrará en vigor en enero. Los responsables indican que, aunque no están de acuerdo con la reforma, porque «está redactada desde el desconocimiento de Internet», siempre han respetado las leyes; «y seguiremos haciéndolo».

La norma prevé sanciones que pueden llegar a los 600.000 euros para las «webs que ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces» a obras sin autorización. El Gobierno también está trabajando en la reforma del Código Penal, en el que se prevén «penas que podrían llegar a los seis años de cárcel». De hecho, la noticia se conoce un día después de la detención de los administradores de las páginas de descargas seriespepito.com y peliculaspepito.com.

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Las reacciones a la modificación de la ley de propiedad intelectual no se han hecho esperar. Tanto el conocido como canon AEDE como el conjunto de la reforma de esta ley han suscitado reacciones de todos los sectores. Las entidades de gestión, agrupadas en la asociación Adepi, enviaron una carta dirigida a todos los diputados en la que pedían que no votasen esta reforma que, según destacan, traerá «graves consecuencias» para el país.

A favor de la llamada ‘tasa Google’ se ha posicionado la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que asevera que «el reconocimiento de los derechos que amparan a los editores sobre los contenidos que elaboran sus medios resulta hoy esencial». Así, ha advertido de que el actual ‘statu quo’ de Google ejerce una «amenazante posición» de dominio en el mercado de Internet. Por su parte, la Coalición pro Internet que preside el periodista Arsenio Escolar encargó a Analistas Financieros Internacionales un estudio del que se desprendía que la implantación de la ‘tasa Google’ tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros al año para los cerca de 17 millones de internautas españoles que consultan medios de comunicación online.

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El Congreso ha dado luz verde el 30 de octubre al proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que no cuenta ni con el apoyo de la oposición ni con el del sector cultural. Durante el trámite parlamentario, representantes del sector cultural han organizado varias concentraciones en las últimas semanas en protesta por esta ley. Asimismo, la compensación irrenunciable por parte de los agregadores de noticias a los editores ha levantado críticas entre algunos de ellos.

De esta forma, la nueva LPI llega con varias de sus más polémicas medidas, como la conocida compensación para medios por parte de agregadores conocida como ‘tasa Google’ o las multas de hasta 600.000 euros para luchar contra la piratería. Las críticas no son pocas, pese a que el Gobierno promete que es solo una reforma «parcial», puesto que realizará una modificación de «más amplio calado» previsiblemente el año que viene, tras la aprobación de una directiva comunitaria sobre propiedad intelectual.

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El Senado prevé aprobar esta semana la nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y su polémico artículo que establece el cobro de un canon a agregadores de contenidos que se destinaría a editores a modo de compensación por el uso de sus noticias. Esta medida podría provocar el cierre del servicio Google News en nuestro país. Esta es una de las posibilidades que está estudiando la compañía.

Este tema ya le ha dado quebraderos de cabeza a Google en otros países. En Francia, por ejemplo, se acordó el pago de 60 millones de euros a los editores para apoyar el sector; en Alemania solo aparecen en Google News los medios que así lo solicitan, pero, tras una demanda en la que una serie de medios reclamaban a la compañía el 11 por ciento de los beneficios que percibe supuestamente por usar sus contenidos, la compañía estadounidense decidió dejar de mostrar sus fotos y resúmenes. Si finalmente se aprueba la ‘tasa Google’ tal y como está previsto y la compañía decide cerrar su servicio de noticias, sería la primera vez que esto ocurre en un país democrático en todo el mundo. Además, podría suponer el cierre de otros populares agregadores de noticias que aportan diversidad y libertad de información a los internautas.

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Un total de 13.429 personas en nuestro país han solicitado a Google que elimine de sus motores de búsqueda resultados personales que supuestamente dañan su privacidad, amparándose en el llamado ‘derecho al olvido’, después de que la Justicia Europea avalara la petición de un español para desvincular enlaces a contenidos que dañaban su imagen. La mayor parte de las paginas retiradas están relacionadas con la red social Facebook.

Tras el fallo europeo en el mes de mayo pasado, se han retirado 12.436 localizadores de direcciones de Internet, es decir, el 34,1 por cierto del total que Google ha evaluado para ser eliminados o no; por otra parte, un total de 24.043 direcciones se han mantenido pese a las peticiones de retirada. Cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló a Mario Costeja en su petición a Google de desvincular de sus motores de búsqueda datos que le perjudicaban, determinó asimismo que cada solicitud se estudiaría por separado y se mantendrían los enlaces si primaba el interés público frente al personal.

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